Representantes de las comisiones de Atención a Víctimas de Chihuahua y Quintana Roo se reunieron con sus homólogos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM) para conocer el modelo y funcionamiento del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, con el fin de replicarlo en sus entidades.
Este fondo opera en el Estado de México desde diciembre de 2015 con el objetivo de brindar los recursos necesarios a personas en situación de víctimas de delitos o violaciones a los derechos humanos. Es una herramienta para garantizar los derechos de todas las víctimas, explicó Rodrigo Espeleta, secretario de Justicia y Derechos Humanos.
La Comisión de Atención a Víctimas de Chihuahua ha iniciado los trabajos para publicar las reglas de operación de su fondo de reparación, para lo cual utilizarán como base el modelo mexiquense que considera tres niveles de atención: ayuda urgente, apoyo ordinario y reparaciones.
Desde que empezó a darse hasta la fecha, en el Estado de México se han entregado a través del fondo un total de 44 millones 402 mil 937.72 pesos repartidos con base en las necesidades de las víctimas u ofendidos de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación publicadas en la Gaceta de Gobierno.
Dichas reglas consideran los mecanismos de reconocimiento de víctimas, métodos de pago y niveles de atención, protocolos que también servirán como base para crear las reglas de operación del Fondo de Reparación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo.
En el Estado de México, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas considera como medidas de ayuda urgentes aquellos gastos que sirvan para cubrir las necesidades ordinarias y urgentes que necesitan las víctimas u ofendidos del delito que deriven del hecho victimizante, como los gastos de alimentación, aseo personal, alojamiento transitorio, gastos funerarios, de transporte y peaje, atención médica, psicológica y las demás que sean necesarias para garantizar sus derechos.
Los apoyos ordinarios se otorgan de manera periódica y temporal a las víctimas y ofendidos del delito y de violaciones a derechos humanos, previa autorización del Comité Multidisciplinario Evaluador. Se consideran entre ellos atención médica, medicamentos, aparatos ortopédicos y prótesis que requiera la víctima por haber sufrido lesiones o mutilaciones como consecuencia del delito; reembolso de gastos de transporte, peaje y hospedaje; estudios médicos de especialidad; apoyo por concepto de trámites, y medidas de protección, principalmente.
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En tanto, las reparaciones se otorgan, previa autorización del Consejo Consultivo, con el fin de garantizar la recuperación del proyecto de vida de las víctimas y ofendidos de los delitos o de violaciones a los derechos humanos.
