Tras concluir una investigación en la Escuela Preparatoria Oficial Número 296, Fidel Castro Ruz, ubicada en el municipio de Tultitlán, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) determinó que existen elementos que comprueban violaciones a los derechos humanos en agravio a la comunidad estudiantil.
Dicha investigación inició el 25 de abril de 2016 cuando alrededor der 250 alumnos de esta institución educativa protestaron en la explanada del palacio municipal de Tultitlán ante la carencia de sanitarios, bibliotecas y aulas.
En su recomendación, el organismo analizó las condiciones de la preparatoria desprendiéndose que a más de cuatro años de su operación oficial, el plantel no funcionan con los parámetros de calidad exigidos por la normatividad, afectando con ello la educación de los alumnos.
El documento resalta que la escuela inició labores de manera oficial el seis de diciembre de 2012 y en esos años no se tienen las condiciones para su funcionamiento, al no contar con instalaciones propias, así como la inexistencia de un proyecto de construcción.
“Aunado a la ausencia de un inmueble propio, el plantel carece de seguridad y protección, pues las instalaciones están compuestas por casas habitación en las que se adecuaron siete aulas, y donde al menos tres salones tienen techos de lámina, escaleras de madera improvisadas e instalaciones eléctricas inadecuadas; más aún, las deficiencias estructurales descritas fueron advertidas por personal de protección civil, concluyendo que éstas no son aptas para fungir como escuela al representar un riesgo para la comunidad escolar”, señala la comisión.
Por ello, el organismo indica que la autoridad debe elaborar un plan de trabajo para cambiar de residencia el plantel escolar o regularizar legal y administrativamente sus instalaciones educativas.
“Además en un plazo razonable, el cual no deberá exceder de noventa días naturales contados a partir de la aceptación de la recomendación, se elaborará un diagnostico en el que se determinen las necesidades de la preparatoria, respecto a los recursos materiales y humanos que garanticen el derecho a la educación de la comunidad estudiantil y que deberá considerarse como la cobertura que deberá cubrir la infraestructura del plantel”.
La comisión supervisará los trabajos “para que en caso de omisión de servidores públicos de la Secretaría de Educación”, se realizarán “las acciones conducentes para deslindar las responsabilidades administrativas que pudieran generarse”.
Aquí la recomendación completa:
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